La Casa Blanca concluye la revisión que abre la puerta a las criptomonedas en los planes 401(k)
La Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA) de la Casa Blanca, responsable de revisar la normativa federal, ha dado por finalizada su evaluación de una propuesta del Departamento de Trabajo (DOL) que permitiría que cerca de 12 billones de dólares en activos de planes 401(k) se canalicen hacia inversiones alternativas como las criptomonedas y el capital riesgo, según una actualización reciente. OIRA cerró la revisión el 24 de marzo, tras iniciar el proceso el 13 de enero.
Con este paso, la Employee Benefits Security Administration (EBSA) del DOL, encargada de hacer cumplir los estándares fiduciarios de los planes de jubilación en el lugar de trabajo, queda habilitada para publicar en las próximas semanas el texto normativo y abrirlo a consulta pública.
La iniciativa se apoya de forma directa en la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó el 7 de agosto de 2025, que instruía a las agencias federales a reexaminar restricciones históricas sobre activos alternativos dentro de planes sujetos a la Employee Retirement Income Security Act de 1974 (ERISA). La orden otorgaba a la EBSA un plazo de 180 días para elaborar nuevas directrices; el vencimiento técnico era el 3 de febrero, aunque la publicación se retrasó durante la revisión en la Casa Blanca.
Uno de los ejes de la propuesta es despejar una cuestión jurídica que ha frenado durante años a los patrocinadores de planes: si incorporar clases de activos volátiles o ilíquidas a la oferta de jubilación eleva de forma inasumible su responsabilidad fiduciaria. Bajo ERISA, los fiduciarios deben actuar exclusivamente en interés de los partícipes y pueden enfrentarse a demandas si ofrecen inversiones que rinden por debajo de referencias o aplican comisiones excesivas. Se espera que el planteamiento de la EBSA aporte una cobertura legal explícita, de modo que incluir estas opciones, con la debida diligencia y divulgación adecuadas, no constituya automáticamente un incumplimiento de las obligaciones fiduciarias.
El apetito entre los ahorradores, en todo caso, parece limitado. Una encuesta a más de 1.000 suscriptores de Boldin refleja una combinación de curiosidad y cautela ante la posibilidad de incorporar criptomonedas, capital riesgo e inmobiliario a los 401(k). La muestra, mayoritariamente de 56 a 65 años (63%) y de 45 a 55 (22%), agrupa a inversores con experiencia que gestionan activamente sus finanzas. Casi la mitad (48%) se opone a la propuesta, frente a un 34% a favor, y el 80% afirma que no es probable que destine ninguna parte de su 401(k) a alternativas. Incluso si hubieran estado disponibles durante su vida laboral, el 78% las evitaría por completo o limitaría la exposición a un máximo del 5% de la cartera. Más del 80% declara conocer este tipo de inversiones, pero el 85% cree que la mayoría de los ahorradores para la jubilación no comprende los riesgos.
En paralelo, una encuesta de Aviva apunta a un creciente interés por las criptomonedas entre adultos del Reino Unido: el 27% estaría dispuesto a utilizarlas en sus planes de jubilación y el 23% valora retirar una parte o la totalidad de su pensión para invertir. Entre las motivaciones citadas figuran la búsqueda de mayor rentabilidad, la innovación y la diversificación, aunque persisten preocupaciones por la posible pérdida de prestaciones, amenazas de seguridad y ausencia de protección regulatoria.
La propuesta supone un giro respecto a la administración anterior, cuando el DOL publicó comunicaciones de apoyo al cumplimiento que, en la práctica, desaconsejaban a los fiduciarios ofrecer activos digitales por su volatilidad, las dificultades de valoración y la inmadurez de la infraestructura de custodia cripto. La orden ejecutiva de agosto de 2025 revirtió explícitamente esa orientación y presentó un acceso más amplio a inversiones como una cuestión de libertad económica y seguridad de la jubilación. El texto también instó al propio DOL, al Departamento del Tesoro y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) a coordinarse para eliminar barreras.
El siguiente paso es la publicación de la norma en el Federal Register, lo que abrirá un periodo de comentarios en el que participarán asociaciones del sector, defensores del consumidor y miembros del Congreso. La aprobación definitiva podría tardar meses y eventuales recursos judiciales podrían retrasar aún más su entrada en vigor.
