CryptoSlate, 5 de junio: 1. El CEO de CME advirtió de que los contratos perpetuos de criptomonedas en EE. UU. podrían suponer un "riesgo de desastre". 2. Los ETF de bitcoin acumulan salidas por 3.830 millones de dólares desde mayo; en los tres primeros días de junio se retiraron otros 1.400 millones. 3. El Departamento de Justicia de EE. UU., junto a grandes tecnológicas, congeló 3,8 millones de dólares en criptoactivos vinculados a un fraude. 4. Coinbase recibió aprobación para ofrecer futuros perpetuos, un paso relevante para el mercado estadounidense. 5. CoinShares: los inversores en ETF spot de bitcoin en EE. UU. recortaron sus posiciones un 39% en el 1T. 6. Senadores de EE. UU. impulsan requisitos de capital para las actividades cripto de los bancos. 7. Bitcoin cae por debajo de 63.000 dólares, con salidas de ETF que alcanzan los 4.000 millones. 8. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái firmó con HashKey MENA un acuerdo piloto B2B para un canal de pagos con stablecoins. 9. El presidente de Bitmine prevé que el precio de Ethereum podría llegar a 250.000 dólares. 10. Ballena "OG" de BTC: las ganancias no realizadas de una posición corta en ZEC aumentan hasta 9,6 millones de dólares.

JPMorgan, Citi y otros grandes bancos estadounidenses planean poner en marcha el próximo año una red de depósitos tokenizados. La iniciativa busca contener la creciente competencia de las stablecoins y de las empresas del sector cripto.

Según Odaily Planet Daily, Patrick Witt, principal asesor de criptomonedas de la Casa Blanca, defendió la Ley estadounidense de Estructura del Mercado Cripto, conocida como "Clarity Act", y aseguró que es una norma "a favor de la regulación y de la aplicación de la ley". Con estas declaraciones respondió a críticas de algunos organismos policiales, que sostienen que el texto no bastaría para frenar el delito financiero. Con las elecciones de mitad de mandato acercándose, se reduce el margen para que el Congreso apruebe el proyecto. La senadora Cynthia Lummis advirtió de que, si no se avanza este año, es posible que la iniciativa no se retome con seriedad hasta después de 2030. La Clarity Act sigue rodeada de polémica: desde los acuerdos de rendimiento vinculados a stablecoins hasta los posibles conflictos de interés derivados de negocios cripto relacionados con Trump, además del debate sobre si los estándares contra el blanqueo de capitales son lo suficientemente estrictos. La versión más reciente incorpora también la Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA), impulsada por defensores de DeFi, cuyo objetivo es aclarar que los desarrolladores no custodiales no deben ser considerados transmisores de dinero. Parte de las fuerzas de seguridad y algunos legisladores alertan de que la BRCA y otras disposiciones podrían debilitar la capacidad de rastrear fondos ilícitos y de recuperar activos para las víctimas. Witt señaló que estas preocupaciones se abordaron antes de la votación en el Comité Bancario del Senado, con la inclusión de nuevas cláusulas para reforzar el marco regulatorio y de supervisión. (The Block)

Sin señales nuevas de avances inmediatos en el Senado de EE. UU. sobre la Digital Asset Market Clarity Act, la Blockchain Association del sector cripto organizó el jueves un evento online para reforzar el apoyo político a la norma, con especial atención a las fuerzas de seguridad, mientras sus promotores tratan de aprovechar una ventana legislativa muy ajustada. Durante meses de negociación, las disposiciones destinadas a frenar el uso de criptomonedas en la financiación ilícita se han mantenido entre las principales preocupaciones de los demócratas. Varios legisladores demócratas implicados en el texto aún no han dado su respaldo, y algunas organizaciones policiales se han mostrado reacias a asumir la propuesta. La versión más reciente, aprobada recientemente en el Comité Bancario del Senado, es "la pieza más negociada, bipartidista —o no partidista— y sofisticada de un marco regulatorio de activos digitales que se haya presentado nunca al público en este país", afirmó la senadora Cynthia Lummis durante el acto. Lummis, que preside el subcomité de activos digitales y ha liderado la negociación republicana, subrayó que el "statu quo actual" implica que los exchanges de activos digitales están hoy sujetos a requisitos más laxos de la Bank Secrecy Act y de normas contra el blanqueo y sanciones que los que tendrían si se aprueba la Clarity. Con el objetivo de reunir los 60 votos afirmativos necesarios para superar el Senado, Lummis defendió que la urgencia es máxima: "Si no lo sacamos adelante este año, probablemente estaremos mirando hacia 2030 antes de que este proyecto vuelva a tener alguna opción de ser considerado". El calendario deja menos de ocho semanas de tiempo de pleno antes del parón de verano, que dará paso de lleno a la temporada electoral de las midterm. La asociación difundió esta semana una carta de apoyo a la Clarity Act firmada por 160 ex responsables de fuerzas de seguridad y organizó reuniones de algunos de ellos con senadores. El Revolving Door Project, un grupo centrado en vigilar vínculos indebidos entre gobierno e intereses corporativos, acusó a la Blockchain Association de intentar "engañar a los senadores" con una lista de ex cargos, señalando que muchos trabajan para empresas cripto. El grupo también sostuvo que la organización ignoró "preocupaciones honestas" expresadas a principios de mayo por la National Sheriffs' Association y otras asociaciones policiales. "La industria de las criptomonedas está tan segura de su control total sobre el Senado de EE. UU. que cree que esta farsa basta para calmar las preocupaciones de los senadores, advertidos de los fallos de la Clarity Act por auténticos responsables de fuerzas de seguridad", dijo Jeff Hauser, director ejecutivo del Revolving Door Project. En el evento del jueves, Patrick Witt, principal asesor de la Casa Blanca en materia cripto, defendió que "estamos imponiendo restricciones regulatorias reales a empresas y actores que hoy viven en un estado de incertidumbre". Su mensaje a los responsables policiales reticentes fue claro: "Deberíais ser los mayores animadores de este proyecto, porque esto es precisamente lo que falta". Los partidarios de la Clarity intentan equilibrar un endurecimiento de las salvaguardas contra la financiación ilícita con la idea de que la norma no persiga a los desarrolladores. Lummis afirmó que el proyecto "permite a las fuerzas de seguridad procesar a los malos actores que publican código con la intención específica —y esa es la clave— de que ese código se use para facilitar el blanqueo de dinero". Leer más: Entre la fanfarria por la Clarity Act crece la preocupación por cómo un acuerdo de última hora podría golpear a DeFi.

El presidente Donald Trump anunció que propondrá a Todd Blanche como fiscal general en propiedad de Estados Unidos, nombramiento que requiere la confirmación del Senado. Blanche ejerce como fiscal general en funciones desde abril de 2026, cuando asumió el cargo tras el cese de Pam Bondi. La llegada de Blanche a la cúpula del Departamento de Justicia (DOJ) se ha ido consolidando por etapas. El Senado lo confirmó como fiscal general adjunto el 5 de marzo de 2025 por 52-46. Pocas semanas después, en abril de 2025, publicó un memorando titulado "Ending Regulation By Prosecution", que tuvo un fuerte impacto en el sector jurídico y en el ecosistema cripto. El mensaje central era claro: el DOJ "no es un regulador de activos digitales". El documento ordenó disolver el National Cryptocurrency Enforcement Team, la unidad que había liderado los procesos federales relacionados con criptomonedas. También apartó a la Market Integrity and Major Frauds Unit de los casos vinculados a criptoactivos. La prioridad pasaría a enfocarse en delitos tradicionales, como el fraude con víctimas individuales y la financiación del terrorismo. CoinDesk incluyó a Blanche entre sus figuras "Most Influential" en diciembre de 2025, citando expresamente la reforma de su enfoque de aplicación. En el momento de su nombramiento como fiscal general adjunto, sus declaraciones financieras reflejaban una tenencia de bitcoin valorada entre 100.000 y 250.000 dólares. Blanche se comprometió a desprenderse de sus activos digitales y completó la desinversión en junio de 2025 mediante una combinación de donaciones y ventas. El memorando clave se emitió en abril de 2025 cuando aún mantenía criptomonedas, y la salida total no se produjo hasta dos meses después. El orden de esos hechos, ya sea por potencial conflicto de intereses o por cuestión reputacional, previsiblemente será objeto de preguntas durante las audiencias de confirmación. Trump destituyó a Bondi del cargo de fiscal general en abril de 2026 y situó a Blanche como jefe interino del departamento. Antes de incorporarse al Gobierno, Blanche trabajó como abogado defensor y representó a Trump en el caso penal del expresidente en Nueva York. El memorando de abril de 2025 fijó la línea de actuación: el DOJ perseguiría el fraude y la financiación del terrorismo que utilicen activos digitales, mientras que las cuestiones regulatorias más amplias quedarían en manos de organismos como la SEC y la CFTC. La desaparición del National Cryptocurrency Enforcement Team implica menos recursos federales específicamente dedicados a delitos relacionados con criptomonedas.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) intenta mantener un pago de 24 millones de dólares ligado a Bittrex, incluso después de haber moderado su postura sobre el sector cripto. La plataforma, actualmente en quiebra, pide que se anule el acuerdo alcanzado en 2023. Bittrex sostiene que el regulador ha dado un giro en su enfoque desde entonces: ha retirado procedimientos contra Coinbase y otras firmas y ha señalado que la mayoría de los tokens no son valores. Con ese cambio de criterio, argumenta, resulta injusto conservar la sanción de 24 millones. En una nueva presentación, @SECGov rechazó la petición y afirmó que Bittrex no ha demostrado que las circunstancias hayan cambiado lo suficiente como para deshacer una sentencia firme. El organismo añadió que siguen vigentes las prohibiciones relacionadas con futuras infracciones de la normativa de valores. El caso trasciende a una sola empresa: si Bittrex logra revertir el acuerdo, otras compañías que pagaron multas bajo el marco anterior podrían solicitar la devolución de sus sanciones.

Un grupo de seis senadores de EE. UU. quiere derogar la norma que desincentiva a los bancos a operar con Bitcoin. Encabezados por Cynthia Lummis (@SenLummis) y Dan Sullivan (@SenDanSullivan), remitieron una carta a la Reserva Federal (Fed), la FDIC y la OCC para reclamar un nuevo marco de capital aplicable a los activos digitales. En el foco está la regla de Basilea que asigna a Bitcoin una ponderación de riesgo del 1.250%, lo que obliga a las entidades a mantener más de un dólar de capital por cada dólar en bitcoin. Los senadores califican esta exigencia como una penalización "burda" diseñada para valores tóxicos, no para un activo líquido y transparente, y sostienen que en la práctica equivale a vetar que la banca toque las criptomonedas. El propio responsable de supervisión de la Fed ha cuestionado que las ponderaciones de Basilea sean realistas, y el Comité de Basilea ya está revisándolas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó de que, en el marco de una operación conjunta denominada "Disruption Week", varias empresas tecnológicas y del sector cripto, en coordinación con fuerzas de seguridad estadounidenses e internacionales, lograron congelar más de 3,8 millones de dólares en criptoactivos asociados a fraudes. Entre las compañías participantes figuran Coinbase, Meta, SpaceX, Apple, Google y Microsoft. La actuación se centró en redes delictivas organizadas asentadas en el Sudeste Asiático. Según el DOJ, el operativo no se limitó a seguir el rastro del dinero. Las empresas adoptaron primero medidas voluntarias para cortar el acceso de los delincuentes a redes sociales, correo electrónico y cuentas online empleadas para contactar con las víctimas. Después, con información aportada por el Gobierno, las plataformas implicadas ayudaron a inmovilizar los fondos. Las autoridades estadounidenses sostienen que estas estafas dependen en gran medida de plataformas de internet y de infraestructura de comunicaciones con base en EE. UU. Entre las víctimas hay ciudadanos corrientes, atraídos a transferir dinero bajo la promesa de supuestas "inversiones en criptomonedas". La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, advirtió de que este tipo de fraudes online y de inversión en cripto están vaciando los ahorros de la población y golpean con especial fuerza a colectivos vulnerables. El comunicado del DOJ apuntó a sindicatos transnacionales de estafas en el Sudeste Asiático y señaló que algunas de estas redes están vinculadas al crimen organizado en China. Washington aseguró que no permitirá que estos grupos sigan aprovechando la infraestructura de internet estadounidense para perpetrar fraudes, ni que las empresas del país permanezcan al margen conociendo los riesgos. El director del FBI, Kash Patel, subrayó que una de las herramientas más eficaces para combatir estas actividades es la colaboración entre las fuerzas del orden y el sector privado. El operativo, en el que participaron organismos estadounidenses e internacionales, busca reducir la aparición de nuevas víctimas y estrechar el espacio de actuación de estas redes en plataformas online. Pérdidas cercanas a 11.400 millones de dólares en 2025 De acuerdo con un informe previo del FBI sobre ciberdelincuencia, los estadounidenses registraron pérdidas de casi 11.400 millones de dólares por estafas con criptomonedas en 2025, un 22% más que el año anterior. La cifra refuerza que el fraude cripto sigue siendo una de las categorías de cibercrimen más costosas en Estados Unidos. A la luz del último comunicado del DOJ, la estrategia de aplicación de la ley se está desplazando de la mera recuperación de activos tras el incidente hacia la cooperación directa con plataformas: suspensiones de cuentas, interrupción de canales de difusión y congelación de fondos en cadena. Para los operadores cripto, el mensaje es claro: aumenta la exigencia de colaborar tanto en la prevención del fraude como en el rastreo de fondos.

Meta, Microsoft, Coinbase y Starlink participaron en una operación liderada por el Departamento de Justicia de EE. UU. para desarticular redes de estafa en el Sudeste Asiático. La actuación se saldó con 63 detenciones, la eliminación de 1,4 millones de cuentas y la congelación de 3 millones de dólares en criptoactivos.